Ecuador
 

Se les acusa de haber promovido actos gubernamentales conducentes a la explotación petrolera de áreas del territorio ancestral de los pueblos indígenas no contactados Tagaeri, Taromenane, Oñamenane, Iwene y posiblemente otros, que pertenecen a la Nacionalidad Waorani. Debido a la fragilidad cultural de estos pueblos y a su dependencia absoluta en los ecosistemas de su territorio ancestral, cualquier impacto significativo en su medio, les provoca problemas acumulativos que los vulnerabiliza y los conduce a un proceso de desaparición cultural y física.

Marlon Santi Presidente de la CONAIE, Delfín Tenesaca Presidente de ECUARUNARI, Tito Puenchir Presidente de CONFINAE, Olindo Nastacuaz Presidente de CONAICE, Rafael Antuni Catani, Coordinador Nacional del Movimiento Pachakuti, junto a los asambleístas Clever Jiménez, Magali Orellana, Gerónimo Yantalema, presentan una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en contra del Presidente de la República, RAFAEL CORREA DELGADO; ALEXIS MERA ASESOR JURIDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA; VINICIO ALVARADO ESPINEL, SECRETARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; MARCELA AGUIÑAGA VALLEJO, MINISTRA DEL AMBIENTE; WILSON PASTOR MORRIS, MINISTRO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES; GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO, EX MINISTRO DE MINAS Y PETROLEOS y actual Embajador del Ecuador en España, entre otros funcionarios, a quienes se les acusa de haber promovido actos gubernamentales conducentes a la explotación petrolera de áreas del territorio ancestral de los pueblos indígenas no contactados Tagaeri, Taromenane, Oñamenane, Iwene y posiblemente otros, que pertenecen a la Nacionalidad Waorani. Debido a la fragilidad cultural de estos pueblos y a su dependencia absoluta en los ecosistemas de su territorio ancestral, cualquier impacto significativo en su medio, les provoca problemas acumulativos que los vulnerabiliza y los conduce a un proceso de desaparición cultural y física, con lo que se configura un delito de etnocidio o genocidio.

Señalan que la Nacionalidad Indígena Waorani, es un pueblo originario que habita desde hace centurias en el territorio comprendido entre los ríos Napo y Curaray, y la frontera internacional entre Ecuador y Perú. Desde 1956 una parte de esta nacionalidad, ha sido progresivamente integrada a la sociedad nacional, pero los pueblos Tagaeri, Taromenane, Oñamenane, Iwene y tal vez otros, se han negado sistemáticamente a entrar en contacto con la sociedad externa. Por este motivo, miembros de estos grupos, ocasionalmente dan muerte a los invasores a sus tierras, con el uso de sus lanzas.

Denuncian también, que los Waoranis en general sufren grandes problemas debido a la gran actividad petrolera en sus territorios ancestrales, son numerosos, complejos y persistentes, citándose entre ellos la ocupación o destrucción de sus lugares de caza o recolección de frutos y productos del bosque, la colonización, problemas de salud, problemas ambientales, lo que genera una interrupción de la economía de subsistencia y ruptura de la sostenibilidad social. Así, se generan enfrentamientos entre sí mismos por el control de los pocos recursos que disponen, surgen problemas de alcoholismo, prostitución, entre otros, que son indicadores del deterioro violento del tejido social de este pueblo. Para los Tagaeri, Taromenane, Oñamenani, Iwene, y otros pueblos libres no contactados, los problemas por la actividad petrolera es aún mayor, pues al tratarse de pueblos que rehúyen a cualquier contacto con otros grupos, van cada vez perdiendo las opciones territoriales para desarrollar su cultura.

Según los denunciantes, el Gobierno Ecuatoriano en pleno ha tenido conocimientos de que con las actividades de extracción de recursos no renovables en los territorios de los Tagaeri, Taromenane, Oñamenani, Iwene y otros pueblos no contactados, se incurrían en un delito continuado de etnocidio. El artículo 57 de la Constitución, señala que “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.”

En concordancia con la norma constitucional, el Código Penal establece que “quien, con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, será sancionado:

1. Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

2. Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

3. Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

4. Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. La información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, no se considerarán medidas destinadas a impedir nacimientos.

5. Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

Afirman que en la legislación internacional sobre derechos humanos, la “Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio”, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Arts. 5, 6, 7 y 20 y otros, de la cual el Ecuador es su suscriptor, regulan en similares términos el delito de genocidio, el que por su naturaleza es imprescriptibles y no tiene fuero universal, es decir, que puede ser perseguido internacionalmente a los autores de este delito.

En el caso denunciado, aunque no ha habido la intención inicial de causar un etnocidio por parte de los funcionarios denunciados, sin embargo el conocimiento cabal de que con sus decisiones administrativas pueden incurrir en dicho delito, los convierte en responsables por acción y/o por omisión, pues en algunos casos ciertos funcionarios denunciados tuvieron la obligación jurídica de evitar los hechos puestos en conocimiento del Fiscal. www.ecoportal.net

Quito, a 29 de marzo de 2011

Gobierno de los Pueblos y Nacionalidades

Marlon Santi - Presidente

Ver la demanda completa en:http://www.conaie.org/images/stories/demanda.pdf

Honduras
 

Esta madrugada fue detenida Miriam Miranda, defensora de los derechos del pueblo garífuna y coordinadora de nuestra organización, vinculada a la lucha que se viene dando en Honduras en Honduras por la restitución de la democracia, ademas de una férrea defensa del territorio ancestral del pueblo garífuna.

La compañera se encontraba en medio de una manifestación en el Boquete, comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, donde en medio de dos centenares de personas, fue la única detenida, después de haber recibido el impacto de una bomba lacrimógena que le causó quemaduras en su abdomen.

La comunidad de Triunfo de la Cruz ventila un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación al derecho a la propiedad comunitaria, la que se encuentra bajo el acecho de los intereses de empresarios y políticos afines al actual régimen.

Los garífunas padecemos de un desalojo de la costa norte de Honduras, la cual hemos habitado durante casi 214 años, después de haber sido expulsado de la isla de San Vicente en 1797, tras haber librado dos guerras en contra del imperialismo británico.

Los megaproyectso turísticos se vienen apoderando de las tierras que hemos ocupado de forma constante y pacífica, haciendo un uso racional de los hábitats funcionales de nuestras comunidades, convirtiéndose muchas de ellas de forma inconsulta en áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento.

Proyecto como el de "Laguna de Micos & Beach Resort", el "Banana Coast", y muy posiblemente en un futuro cercano el denominado Ciudad Modelo (Charter City), se han convertido en motivos de despojo, en el marco de la especulación inmobiliaria que han desatado sobre las playas donde habitamos.

La compañera Mirian Miranda ha demostrado durante décadas una capacidad de defensa de los derechos culturales, territoriales y religiosos de los garinagu; ademas de haber manifestado su férrea oposición al golpe de estado del año 2009 y las políticas surgidas como consecuencias de la defenestración de la democracia.

"Ya están comenzando a caer los grandes y cuando caigan todos el problema se va a resolver" declaró el Sub Comisario Victor Sanchez Bonilla. Jefe de la Policía de Tela, al Abogado Tomás Ferrera, quien compareció ante los autoridades en relación al arresto de la compañera Miranda.

La afirmación del policía Sánchez, demuestra la saña de las autoridades policiales en el arresto de Miriam, además de la violencia ejercida en su contra por los agentes del Ministerio de "Seguridad", siendo esta actitud un muestra más de la violencia que continua en Honduras posterior al golpe de estado, a pesar del discurso oficial "que en Honduras no pasa nada".

La convulsión social que vive el país, está en parte ligada a la descomposición del sistema judicial, el que indudablemente muestra enormes fisuras. En Honduras más del 80% de las ordenes de captura nunca son ejecutadas, siendo esta mora de los operadores de justicia un indicador de la situación; aunado a los 77,2 homicidios por cada cien mil habitantes, demuestra que las acciones punitiva del ministerio de seguridad en contra del movimiento social están más dirigidas a establecer un régimen de terror que al respeto a los derechos humanos y restablecimiento de un estado de derecho en el país.

En Honduras los pueblos indígenas y negros somos los que más resistimos las violaciones a los derechos humanos. Es histórico el racismo de parte de la elite de poder y los los funcionarios estatales. Las presiones territoriales se convierte en una gama de amenazas y crímenes hacia los dirigentes o miembros de las comunidades que osan desafiar los mandatos de los dueños de la "granja animal".

Cabe señalar como en el año 2005, la entonces coordinadora de OFRANEH, Gregoria FLores, en un viaje a recabar testimonios para un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió un impacto de una bala explosiva, en su brazo derecho, en una atentado que por supuesto de inmediato los "medios de comunicación" del país redujeron a un disparo contingencial. La compañero Flores optó por exilio ante las posteriores amenazas.

El el año internacional de los "afrodescendientes" hay un repunte en la expulsión del pueblo garífuna de Honduras para dar lugar a proyectos turísticos, extractivos y el paraíso fiscal que pretenden construir en la costa norte. Como parte de la esquizofrenia estatal, en algunos días estarán de nuevo celebrando los de siempre, el arribo del pueblo garífuna a Honduras, siendo más pertinente que festejen la expulsión de los garífunas.

La compañera Miranda en este momento se encuentra recluida en un hospital de Tela, debido a las laceraciones, quemaduras y golpes sufridos durante el violento arresto. Falta ver que cargos le imputan los operadores de justicia y las verdaderas motivaciones que tienen para reprimir salvajemente al pueblo garífuna.www.ecoportal.net

OFRANEH - Organizacion Fraternal Negra Hondureña

 

 

 

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